La Sala de Reconocimiento se concentró en el estudio y sistematización de información sobre retenciones ilegales de personas adoptada por las FARC-EP en el periodo entre 1993 y 2012. Según algunas de estas fuentes, en este periodo de expansión militar de este antiguo grupo armado ilegal (FARC-EP), la retención ilegal de personas habría sido adoptada como forma de operar de la organización, de manera expresa, desde la Octava Conferencia de Guerrilleros, y hasta la prohibición de dicha práctica en 2012.

En el auto, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas avoca conocimiento de la situación de los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, del departamento de Nariño, asociada a conductas presuntamente cometidas por miembros de las FARC-EP y la Fuerza Pública, durante el periodo de 1990 a 2016.

"Este caso, se ubica entre 1985 y 2016, dado que durante este periodo fue que se presentaron las bajas en combates por agentes de Estado. Así mismo, se tiene registro que este tipo de conductas ocurrieron en 29 de los 32 departamentos del país. No obstante, en diez departamentos se concentró cerca del 75% de los casos. Por otro lado, con base en los informes entregados a la JEP, se identificaron factores relacionados con el funcionamiento interno de la Fuerza Pública, la correlación de fuerzas entre los Grupos Armados Organizados al margen de la Ley y la Fuerza Pública, así como su relación con las comunidades que incidieron en los hechos. "

Igualmente, de acuerdo con esas mismas fuentes de información, en principio, las retenciones tuvieron por lo menos tres finalidades distintas: un número importante de estas tuvo como principal fin cobrar a familiares y allegados grandes sumas de dinero a cambio de la libertad del retenido, otras fueron utilizadas como forma de presión al gobierno nacional. En los demás casos, se hicieron con el fin de demostrar control sobre la población civil.

El Departamento del Cauca es especialmente representativo frente al conflicto armado ya que en él han confluido todos los actores armados, los grupos sociales especialmente vulnerables (pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas) y las violaciones más representativas a los Derechos Humanos que deben ser investigadas y juzgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, situación que lo ha convertido en uno de los epicentros de la violencia en Colombia entre el 01 de enero de 1993 hasta el 01 de diciembre de 2016.

El caso investigará la violencia ocurrida en contra de los miembros de la Unión Patriótica desde el año 1984, en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las regiones de: Magdalena Medio, Urabá, Meta, Costa Caribe, Nororiente y Nordeste Antioqueño y sur del país.

El momento inicial del ámbito temporal de este caso se fija provisionalmente en el primero (1) de enero de mil novecientos setenta y uno (1971). El caso investigará los hechos victimizantes cometidos contra personas menores de dieciocho años de edad.